Mari del Carmen Caldera nunca imaginó que el centro para migrantes en Cúcuta donde acudió a buscar ayuda psicosocial sería el mismo que dos años después le abriría las puertas para empezar una nueva vida. Las psicólogas con las que hizo empatía pasaron a ser sus compañeras de trabajo y los espacios de la organización se convirtieron en los lugares perfectos para ejercer lo que más le apasiona: la docencia.

Mari llegó a Colombia el 17 de noviembre de 2016 debido a la crisis económica y social que aún persiste en Venezuela. Apoyó al gobierno socialista, pero al no contar con un trabajo que le permitiera tener una estabilidad económica, decidió cambiar de ideología política para obtener un empleo como educadora. Esa “deslealtad” le impidió hacer sus trámites legales y el consejo comunal del sector donde residía no le vendía la bolsa de alimentos básicos.

Acceder al sistema de salud venezolano fue otra traba más. Mari sufre de hipertiroidismo y tomaba propiltiouracilo, un medicamento que le fue difícil conseguir. Por este y otros inconvenientes, la forzaron a salir del estado Yaracuy, donde vivía.

“Solicité la condición de refugio en diciembre de 2016. Me acerqué las oficinas de Acnur, donde me prestaron la mayor atención y disponibilidad para hacer mi proceso”, relató Mari.

La petición de refugio duró dos años y medio. Posee su condición de refugiada desde finales de septiembre de 2019 y se extendió para ella y sus hijas por tres años. Finalmente obtuvo su pasaporte colombiano porque no tenía el de su país y aspira a optar por la nacionalidad.

Muchas veces pensó retornar a Venezuela porque el cambio cultural, estar sola, sin una red de apoyo, hicieron su estadía muy compleja. Sin embargo, el proceso fluyó positivamente para que desistiera regresar a su país. Después de obtener el salvoconducto, sus hijas pudieron estudiar en el sistema educativo colombiano. La mayor está en el grado 11 de bachillerato y la segunda niña cursa tercer grado.

La oportunidad de trabajo formal para Mari ocurrió el 1 de abril de 2019 con Corprodinco,  una corporación de profesionales al servicio de la comunidad.  Comenzó como enlace social de mujer y niñez a través de un programa  llamado  fortalecimiento comunitario.  Su labor fue implementar una cartilla de viajeros, con la que abordaba los procesos y el duelo migratorio que atravesaban las niñas y niños venezolanos.

Entre sus planes está  terminar  un diplomado de estimulación temprana y tener una casa propia en Cúcuta.

Manifiesta que agradecerá a Dios haberla traído a Colombia y a todas las autoridades civiles y organizaciones de apoyo al refugiado que le abrieron las puertas para seguir adelante y retribuir con su trabajo a quienes más lo necesiten.

‘Perdí todo, pero mis hijos valen más’

Ana María Echezeria Carreño se vino a Cúcuta con una maleta llena de miedos, pero también llena de muchos sueños. Hace casi 4 años pasó caminando el puente Francisco de Paula Santander, en El Escobal.

Huyó de los Valles del Tuy en Caracas, donde vivía, por el peligro que corría su vida y la de sus dos hijos. Esta venezolana empresaria de la construcción en el vecino país quedó en la ruina por las extorsiones, secuestros y estafas de las cuales fue víctima mientras intentaba que su negocio prosperara en medio de la crisis.

Ella trabajaba con el llamado material estratégico que estableció el Gobierno venezolano (cemento, cabillas, cableado, cobre, alambre dulce). “Yo transportaba material a las propias obras del Gobierno con todos los permisos, certificado de origen y de calidad de los materiales, pero igualmente fui víctima de múltiples estafas”, contó.

Los propios funcionarios de los organismos de seguridad del Estado le retenían las gandolas para luego cobrarle sumas de dinero exageradas a cambio de entregarle los camiones, el personal y los materiales. Dos secuestros y el pago de extorsiones por la vida de sus propios hijos fueron el detonante que la hizo salir corriendo. “Yo estuve por dos meses encerrada en mi cuarto con un cuadro de pánico terrible. Necesité de ayuda psicológica y psiquiátrica; y sin embargo, luego de eso retomé mi trabajo porque mi esposo había muerto y tenía sobre mis hombros la educación universitaria de mi hija”, cuenta.

Sin embargo, la situación se siguió complicando al punto de no seguir trabajando por el riesgo que esto implicaba.

Llegó a Colombia con el sueño de tener tranquilidad y paz. “Perdí todo, pero la vida de mis hijos valía más que cualquier cosa. El Gobierno me expropió dos galpones que tenía, lo único que me queda es la casa en los valles. Me tocó empezar de cero, yo nunca imaginé que luego de tantísimo trabajo duro y digno me quedaría sin nada. Es tan frustrante, me dejaron sin nada”, dice llorando.

A Cúcuta llegó con sus dos hijos y su nieto. Ya su actual pareja tenía dos meses en la ciudad montando un taller de mecánica automotriz, que ha sido el principal sustento de la familia; sin embargo, el ímpetu y gallardía de Ana María le permitieron seguir y no desvanecerse. “Monté una venta de comida rápida, pero no me fue bien; entonces empecé a vender quesos; almuerzos a 7.000 pesos, y ahora trabajo también como estilista”, contó.

Comenzó a trabajar como voluntaria en la Fundación Camino de Vencedores con que ha drenado su estrés ayudando a sus propios paisanos. “En medio de mis necesidades, sé que puedo ayudar a otros y eso llena mi vida”, dice la altruista mujer.

En medio de la pandemia da cobijo a unos 12 venezolanos que fueron echados de sus vivienda por no tener para pagar arriendo y servicios.

Hoy asegura que haber salido de su país ha sido una de las decisiones más duras de su vida, pero que le ha dado tranquilidad. (cortesía la Opinión)